Cali, polo industrial, agrícola, económico y político del occidente del país, vive de forma intensa la convulsión de las protestas iniciadas el pasado 28 de abril. Movilizaciones pacíficas y diversas acciones violentas, conforman el escenario de contraste en una ciudad de más de dos millones de personas, en la que casi un millón no tienen cómo satisfacer sus necesidades básicas.
Para comprender la situación en su contexto y sus implicaciones, la Red Colombiana de Periodismo Universitario abre una conversación con Julián González y Kevin García, profesores de la Universidad del Valle; la doctora Carolina González, abogada del área de incidencia y litigio estratégico de la ONG Temblores y el politólogo Cristian Lesmes, investigador y docente universitario.
Conducen el programa los profesores Juan Simón Cancino, codirector del periódico Datéate, de Uniminuto, Bogotá y Joaquín Gómez Meneses, director de Contexto, laboratorio de periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. La producción es de Jorge Mario Pérez y Sonia Torres (Uniminuto Radio – Datéate. Uniminuto, Bogotá).
La mirada sobre Cali
La capital del Valle del Cauca, polo industrial, agrícola, económico y político del occidente del país, ha vivido de forma intensa la convulsión de las protestas. Allí, la pobreza monetaria pasó del 21,9% al 36,6% en el último año. En una ciudad de 2,2 millones de habitantes, hay 934.000 que no tienen cómo satisfacer sus necesidades básicas.
Esos contrastes se producen en un territorio en el que confluyen antecedentes de liderazgo económico y político notables, así como de violencia, que persisten y cuya expresión más reciente y notoria son los episodios de enfrentamientos a bala en el marco de las protestas, bloqueos en al menos 16 puntos de la ciudad y otras medidas de fuerza que han afectado infraestructura del transporte público, por ejemplo. El sistema de transporte Mío tiene daños en el 87% de sus estaciones y, según cifras de la Cámara de Comercio, entre la pandemia y las movilizaciones, se dieron circunstancias que tienen parado el 41,3% de las empresas.
El estallido social
Luego de un 2020 en medio de incertidumbres e impactos nunca antes vistos a causa de la pandemia por la Covid-19, Colombia retomó los cauces de la movilización y el descontento de las movilizaciones ocurridas a fines de 2019.
Casi dos años después, las causas de inconformidad son aún más visibles. Un proyecto tributario, promovido por el Gobierno Nacional como un mecanismo de financiación de programas sociales y recuperación de la economía, recibió el rechazo casi unánime de la ciudadanía y diversos sectores políticos y sociales, que fijaron para el 28 de abril el inicio de manifestaciones en contra de la propuesta.
Días antes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística reveló un aumento de la pobreza en Colombia al 42,5% durante el año de la pandemia. Entre tanto, del proyecto en controversia se supo que contemplaba gravámenes a los servicios públicos y que otros detalles como el sistema de exenciones propuesto, de los que poco se sabía, quedaban para discusión en el Congreso, cuestionado por sus debates no resueltos sobre la validez de las sesiones virtuales o presenciales durante la pandemia y envuelto en escándalos como el originado por el grupo de parlamentarios que sí sesionó en Miami y fue señalado de ir realmente a vacunarse en la Florida.
Medidas cautelares expedidas en vísperas de la primera jornada de marchas ordenaban a los alcaldes proteger el derecho a la salud y suspender los permisos para las concentraciones, lo que atizó los ánimos de convocantes y convocados. Todos estos antecedentes sacaron a la población del estupor ocasionado por la pandemia y sus efectos; la llevaron a retomar la indignación que fue aplazada por la llegada del virus.
En medio del aumento más significativo de casos y fallecimientos causados por la Covid-19 desde su aparición en Colombia en marzo de 2020, multitudes salieron a las calles a manifestar su descontento.
Volvieron a las calles estudiantes, trabajadoras, profesores, pensionados, personal de la salud, transportadores en todas las especialidades, agricultores, comunidades indígenas. Se sumaron sectores como el de la empresa textil, que habían respaldado la aspiración presidencial de Duque y que ahora reprueban el proceder de su gobierno. Las movilizaciones, por encima de los riesgos de las aglomeraciones y de un aumento significativo de la violencia, particularmente de las denuncias sobre abuso de la fuerza policial, motivaron el retiro del proyecto de reforma tributaria tras dos jornadas de protesta y la renuncia de Alberto Carrasquilla, ministro gestor de la propuesta tributaria.
Pero el descontento no cesa y las marchas se repiten en ciudades grandes y pequeñas; con más notoriedad en las primera y, como lo han relatado la prensa y las plataformas digitales, con más violencia.
