Por: Xiomara K. Montañez, Carlos Alberto Buitrago, Daniel Galvis Jaimes y Lucía García Sánchez
Periódico 15 – Universidad Autónoma de Bucaramanga
Este reportaje hace parte del especial sobre migración y salud, www.memoriasdelosquenoestan.com. Se realizó con el apoyo de la beca entregada por la organización Puentes de Comunicación.
El ruido de las tractomulas y los camiones se roba las voces de mujeres, hombres y niños que llegan hambrientos, sedientos y enfermos. Son las diez de la mañana. El frío y el sol también hacen de las suyas: queman los labios y la piel, causan sueño y a la vez angustia.
Casi sin aliento preguntan a dónde han llegado. Los que llevan horas descansando les responden que a Pamplona (Norte de Santander). Otros prefieren llamar por celular a los familiares que ya han migrado y que los esperan, para corroborar si están a medio camino, si les falta mucho. Al escuchar que viene el tramo más fuerte del recorrido, con temperaturas que pueden descender hasta los menos 10 grados, y que faltan más de cien horas de caminata, buscan una pared para recostarse.
Tiran al piso el poco equipaje que traen. No importa si el asfalto está caliente y si las pocas pertenencias se estropean. Sobre él se sientan o se acuestan. Lo hacen en grupo, vienen caminando con familiares y con amigos del barrio. Llegan desde Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Villa del Rosario, Mérida. Para algunos es la primera vez que han salido de Venezuela, para otros es la segunda vez que entran al territorio colombiano. Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Cali. Al pasar la frontera sur del país, Ecuador, Perú, Bolivia o Chile. A estos lugares aspirar llegar.
Se abre una puerta y aparece un hombre con tapabocas. Es Douglas Cabezas, encargado de un lugar de paso ubicado a orilla de carretera. Allí reciben un plato de sopa, en ingreso gratis a un baño, elementos de aseo y un poco de sombra. Desde que empezó la pandemia esto es lo único que el bumangués les puede ofrecer. El lugar que acondicionó con la ayuda de voluntarios que trabajan con oenegés extranjeras, con capacidad para hospedar a cerca de 250 personas en una noche, tuvo que cerrarse por normas de bioseguridad.
Los migrantes y visitantes también escuchan una voz familiar, la de Isaac Elías Molina Villamizar (49 años de edad), que es venezolano. Mientras ayuda en la preparación de los almuerzos, muestra que tiene un problema en los tendones de la mano derecha debido a que, al tratar de subir a una mula, se soltó y se lesionó. Él también es migrante.
Sin planearse, el ambiente se llena con más voces. La de José Ramos es una de ellas. Cuenta que viene del estado de Barinas. Es bombero. “La verdad es que es muy deprimente saber que muchos de los venezolanos que son profesionales llegan a otros países a buscar la manera de sobrevivir, pero así es la única manera”. También se suman las de Marina Balsa y la de Gabriela Guzmán. Son de Maracaibo. Ambas dicen que “quieren trabajar para conseguir alimento. Viajan con la bebé de Marina, que tiene 5 meses de nacida.
Douglas Cabezas abrió este lugar de atención a migrantes en un terreno herido por su mamá. / Foto: Carlos A. Buitrago.
Se escucha a Claudio García (34 años) decirle a su esposa que tal vez el niño continúa enfermo de gripe y que por eso llora. Ella responde que no le pudo comprar medicamentos, “recorrí todos los hospitales y ninguno tenía el antibiótico. Se me han enfermado y me ha tocado curarlo en la casa con remedios caseros, así está haciendo la gente allá, cuidándolos con remedios caseros”.
Esta mujer morena y joven cuenta su historia con rabia. “Le di puro antialérgico y más nada, hasta que llegué aquí. Pero no le cumplí el tratamiento que le enviaron de su antibiótico, todavía sigue con la gripe, la flema que tiene, porque no se ha curado todavía. Gracias a Dios, aquí me dieron todo, allá no, nunca hay lo que se necesita, solo hay es acetaminofén, nada más”.
Isaac los mira y recuerda que trabajó para la petrolera PDVSA en labores administrativas y que su sueño era pensionarse. Dice que si no hay comida y empleo menos salud. “El sistema de salud es caótico”. Sabe que sus amigos médicos pasan por momentos difíciles desde que el gobierno implementó los SDI (Sistemas de Salud Independientes). “Terminaron dándole los trabajos a los médicos cubanos, que en complicidad empezaron a vender los medicamentos. A ellos les pagaban en dólares mensualmente y los médicos venezolanos recibían sueldos bajos. Entonces, los mandaron a Cuba a especializarse para luego traerlos de nuevo al sistema de salud, pero muchos huyeron. Esa fue la primera migración, la de gente profesional”.
Claudio participa de la conversación: “Esto es un fraude”, dice. “Te mandan a buscar los medicamentos a las farmacias donde nunca hay. Los consigues en la calle donde también venden acetaminofén y máximo amoxicilina (antibiótico) a dos y tres dólares cuando sabes que son subsidiados”.
Gabriela sigue el testimonio de Claudio. “Mucha gente ha muerto porque no hay medicamentos, y si necesita una vacuna o una inyección, no la hay. Sí hay médicos cubanos, pero tampoco tienen nada así, nada como para atender a la gente. Uno los tienes que comprar y todo te sale demasiado caro”.
No son rumores, como afirma el bombero José Ramos, al contar que su padrastro falleció de cáncer de próstata. “En los hospitales, como en algunos centro de atención médica, faltan insumos, instrumentos necesarios para cuantificar los signos. La mayoría de doctores tienen que, por así decirlo, costearse los insumos, sus medicamentos, y en hospitales y centros de salud fallecen personas y bueno, uno nunca sabe por qué fallecieron como tal. Hoy dice que es por Covid-19”.
Se migra y se trae consigo una historia que “la gente no quiere saber”, como dice el cronista argentino Martín Caparrós. Se migra para sobrevivir y en ese viaje el migrante experimenta la xenofobia y empatía, “dos caras de la misma moneda”, como lo cuenta el reportero gráfico español Javier Baulux. Y se migra porque se es “valiente”, asegura la periodista mexicana Eileen Truax.
Sí, los migrantes venezolanos llegan en busca de empleo, de comida y un techo seguro donde vivir. Lo hacen para reunirse con sus seres queridos, trabajar y ahorrar para luego regresar a las casas que dejaron al cuidado de sus vecinos. Ya no importa si a esta travesía se suman familias enteras, como la de Claudio, con 26 integrantes huyendo, de los cuales ocho son niños menores de 10 años. Tampoco se piensa mucho en quiénes se quedan, como le ocurre a Marina Balsa, que dejó al cuidado de un familiar a su hijo mayor de 5 años porque solo pudo viajar con el bebé de 5 meses.
Pero ahora también se migra para no morir de enfermedades como el cáncer y el VIH, en busca de atención en salud. “Es lo más irónico”, como lo expresa Isaac. “Un presidente que muere de cáncer y no hay ninguna fundación para un sistema de salud donde respalde las personas para un tratamiento de cáncer, no lo hay, y al Estado no le preocupa nada de eso”.
| Según el Grupos Migratorios Mixtos (Gifmm), el 70 % de lo migrantes llegan a Colombia porque aquí viven familiares; el 45 % por trabajo; el 28 % está retornando; el 12 % por seguridad y un 5 % para buscar atención para el cáncer, el VIH y otras enfermedades de alto costo. |
Cuando el sistema de salud se derrumba
¿Cómo es la situación médica y hospitalaria en Venezuela? La Organización Mundial para la Salud (OMS) define al sistema de salud (SS) como un estado de completo bienestar en aspectos físicos, mentales y sociales, sin apuntar únicamente a la ausencia de afecciones o enfermedades. En Venezuela esto no se cumple debido a la discontinuidad en criterios y esfuerzos, la improvisación de soluciones parciales y la carencia de políticas que fomenten una visión integral en el desarrollo de tratamientos, medicamentos y demás.
Según el Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), la forma usual de definir un SS es “identificarlo con los establecimientos de atención médica, debido a que estos constituyen un aspecto del tramado de elementos que entran a formar parte de la manera en que los ciudadanos enfrentan el cuidado, mantenimiento y recuperación de su salud”. Asimismo, se compone de los siguientes aspectos: financiamiento, el cual identifica, administra y asigna recursos financieros para los gastos que se realicen; prestación de servicios, que obedecen a la manera en que el sistema se define y se financia; rectoría, que alude al organismo de orden superior que dicta las normas y establece los procedimientos acordes a realizar.
Con base en la situación que se evidencia continuamente en ese país, el OVS explica por qué, contrario a lo que establece la Constitución de 1999, Venezuela no cuenta con un SS: en primer lugar, porque los servicios que se prestan son privados; segundo, porque la infraestructura está deteriorada, los insumos médicos y tecnológicos son escasos, no tienen garantía y son de “dudosa procedencia”, y, por último, el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), organismo de orden superior, “oculta un desmantelamiento de sus cuerpos técnicos por personal poco capacitado, incapaz de demostrar su liderazgo científico y político. Resaltando que todo esto denota la ausencia de un marco legal”.
A raíz de la pandemia, la atención de los enfermos de Covid-19 es prioridad. Esto quiere decir que, si un venezolano, ya sea mujer u hombre, debe realizarse cualquier tratamiento médico desde una mamografía, unos rayos X, hasta una diálisis, no lo pueden hacer porque la prioridad es tratar a dichos pacientes.
Feliciano Reyna, fundador de Acción Solidaria, una oenegé que apoya a pacientes con VIH-Sida y ayuda en la distribución de medicamentos en Venezuela, menciona que en su programa nacional llamado “Donaciones de medicinas”, se han percatado de las carencias que existen, incluso, a la hora de conseguir medicamentos para la tensión como el Losartán (de 50 ó 100 mg), dosis que alcanza para un mes de tratamiento.
Reyna explicó que a la fecha del 25 de noviembre, la cantidad de 50 mg por 10 tabletas, de marca Laproff, tiene un valor en Farmatodo de 1.324.000 Bs, 1,44 dólares, y de 50 mg por 30 tabletas, de marca genérica (AG), en la misma farmacia, de 3.900.000 Bs, es decir, 4,25 dólares. Además, se debe tener en cuenta que el salario mínimo en Venezuela es de 1.200.000 Bs (1,31 dólares al mes).
Con respecto al Tamoxifeno, conocido como una quimioterapia oral para continuar con el tratamiento del cáncer de mama después de las radioterapias, la cantidad de 10 mg por 60 comprimidos, de marca Farmoz, tiene un valor en Farmatodo 7.165.000 Bs (7,82 dólares) y de 20 mg por 30 tabletas, de marca Nolvadex, cuesta en la misma farmacia 23.600.000 Bs, unos 25,75 dólares.
Con respecto a los precios que manejan, que reflejan los principales problemas económicos de Venezuela, otras farmacias como Locatel y Farmakett, optan por no colocar el valor de los medicamentos sino si se encuentran o no están disponibles.
“En el caso del personal médico, cerca de un 50 por ciento y del personal de enfermería cerca de un 30 por ciento habría migrado”, agrega Reyna. Además, en todo el ámbito de salud pública, ni hay equipos de protección personal, tanto así que si se hace una comparación entre la mortalidad oficial y la letalidad entre el personal de salud, se denota que está, está por encima de un 30 por ciento. Este es el ambiente en que se encuentra la salud, para una atención adecuada a una población, ya previamente con problemas de marginación.
Y es que la crisis fiscal y económica, además, ha generado un retroceso en la salud pública de Venezuela, como lo explica el informe del Banco Mundial, “Migración desde Venezuela a Colombia”, lo que ha repercutido en la “reaparición de enfermedades antes erradicadas”, como la malaria, así como el “aumento de enfermedades controladas y el deterioro en el servicio de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y cáncer”.
Mary Luz Ocampo, coordinadora de la Asociación Voluntario de Apoyo Integral al Enfermo de Cáncer (AVAC), comenta que algunas de las migrantes que han llegado a esa fundación, aseguran que la situación de salud en Venezuela está difícil y por eso llegan a Colombia en busca de soluciones para enfermedades delicadas como el cáncer de mama. “Tanto así, que una amiga la cual apoyamos, hoy en día, me pide que le envíe medicamentos para el dolor y la tensión porque o no se consiguen o no tienen el dinero para comprarlo”.
Como respuesta a la población venezolana, se evidencia el aumento en la demanda de servicios de salud desde 2017. Mientras en ese año se presentaron 356 mil 186 atenciones, en 2019 se llegó a los 3 millones 700 mil. De esto se destaca que los casos de interés en salud más relevantes a la fecha son, en su orden, la malaria, la violencia de género o intrafamiliar, la sífilis gestacional y el VIH-Sida.
El cáncer de mama, que desde 2014 a 2019 muestra un aumento del 17 por ciento en el número de casos, hoy se ubica como la primera causa de muerte de mujeres y hombres en ese país y también obliga a las mujeres a migrar y ser víctimas de la situación que ilustra Reyna. De acuerdo con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, la falta de estadísticas y de una distinción en la localización de los casos, aumentarán la mortalidad e incidencia de esta enfermedad.
El hecho de tener que tomar tratamientos como las quimioterapias y radioterapias en hospitales de la red pública, pese a tener la posibilidad de buscar médicos y tratamientos privados, y que dichos tratamientos dependen de la llegada o no de los medicamentos a las farmacias de alto costo, deterioran la salud de los pacientes y enfrenta a sus familias, incluso, a vender las pocas pertenencias que tienen para salvar las vidas de madres, hermanas e hijas.
Las que presentamos en #MemoriasDeLosQueNoEstán, cuyas protagonistas son Dayarling Coromoto Castillo (37 años) y Yuleidi Josefina Prieto Urdaneta (23 años), así como Nancy Ereida González Delgado (66 años) son el reflejo de esta realidad.
Castillo y Prieto Urdaneta murieron en Bucaramanga, Santander, buscando la atención también para este cáncer. En menos de un año sus vidas se apagaron para siempre. Ellas eran la materialización del sueño de sus familias para establecerse en Colombia; sin embargo, fueron los esposos, madres e hijos los que luego, en medio de la precaria situación que viven en Venezuela, tuvieron que viajar y regresar a casa con sus cenizas.
Alix García, hija de Dayarlin Coromoto, recuerda que su mamá no consiguió el tratamiento que requería en Colombia porque la enfermedad se aceleró al llegar a la ciudad de Bucaramanga, Santander, y no se pudo tratar. A ella solo le faltaba la fase final del tratamiento, pero el cáncer le pasó del seno izquierdo al derecho, y luego al brazo donde además se le generó un tumor.
“Mi mamá y yo pasamos por muchas cosas duras. Regresé a Charallave (estado de Miranda) con sus cenizas y luego tuve que volver a Bucaramanga a trabajar para mantener a mis hermanas. No aguanté y volví a mi país. Ahora vivo en Caracas, pero quiero volver a Colombia porque la situación es dura, tengo dos trabajos y no me alcanza, y mis hermanas necesitan de mí”, cuenta la joven de 21 años.
Noderlin Del Valle Vivas cuenta que un mal diagnóstico hizo que el cáncer de su mamá, Nancy Ereida Vivas, no fuera detectado a tiempo, y cuando vieron que este avanzaba, tuvieron que buscar ayuda privada e incluso, viajar a Cúcuta y comprar medicamentos en la Liga Contra el Cáncer.
Recordó que “cada quimio era un nuevo proceso de trámite, no es que te digan son once o quince quimios, te las cubrimos todas. No, sino que te cubren una, te la colocas, vuelves a ir y te cubren otra. Además, tenías que estar yendo a ver si conseguían las medicinas en la farmacia de alto costo y si te la cubrían desde el seguro para colocarla, y así estuvimos haciendo durante todos los primeros ciclos”.
| En Colombia, la Constitución Política y la Corte Constitucional reconocen a los pacientes que sufren enfermedades de alto costo como “sujetos de especial protección”, y más se padecen cáncer y el VIH, las cuales cataloga como “catastróficas y ruinosas”, porque además de deteriorar la salud los expone a la discriminación. |
Enfermedades de alto costo y migrantes, panorama nacional
Según la EPS Capital Salud, las enfermedades de alto costo son las que representan una alta complejidad técnica en su manejo y tratamiento, así como una carga emocional y económica para los pacientes y sus familias. Se denominan así a las enfermedades como el VIH-Sida, el cáncer, las huérfanas, la artritis reumatoide, la hepatitis C y ERC (insuficiencia renal crónica).
La Cuenta de Alto Costo (CAC) es un organismo técnico, no gubernamental, del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia creado mediante el Decreto 2699 de 2007, el cual obliga a las EPS de ambos regímenes y demás Entidades Obligadas a Compensar (EOC) a asociarse para abordar el Alto Costo, y opera como un fondo autogestionado que contribuye a la estabilización del sistema de salud.
En #MemoriasDeLosQueNoEstán, nos centramos en dos tipos de estas enfermedades que son el VIH-Sida y el cáncer de mama (existen más de 200 tipos), para reconstruir las historias de migrantes en Colombia que fallecieron buscando la atención para sus padecimientos, en medio de la soledad, sin recursos y sin poder lograr quimioterapias o fármacos antirretrovirales. Realizamos una radiografía para determinar cuál es el estado actual de la respuesta estatal a esta población y las ‘zonas grises’ que no se contemplan dentro de las rutas de atención, precisamente porque el migrante desconoce qué hacer.
Atención en salud a los migrantes, una obligación del Estado
Colombia fue uno de los 193 países que reafirmó en septiembre de 2016 el compromiso de proteger los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes, “independientemente de su condición migratoria”. Lo hizo en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, en la Asamblea General convocada por las Naciones Unidas. Además, hace parte de un “pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular”, lo que significa que el Estado tiene la obligación de garantizar “la igualdad de acceso a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos” de los migrantes.
El artículo 49 de la Constitución Política garantiza el derecho a la salud en el territorio Colombiano, y la Corte Constitucional, derivado de sus jurisprudencia, reconoce a los pacientes que sufren enfermedades de alto costo (también conocidas como crónicas o terminales) como “sujetos de especial protección”, y más se padecen cáncer y el VIH, las cuales reconoce como “enfermedades catastróficas y ruinosas”, porque además de debilitar y deteriorar la salud de las personas, las expone a la discriminación a la hora de buscar la atención que requiere.
La Ley 1384 de 2010, Atención Integral de Cáncer, también conocida como la Ley Sandra Ceballos, establece las acciones para la atención integral de esta enfermedad en Colombia. Según la CAC, mediante la Resolución 0247 de 2014 se dio inicio a un registro de la información de pacientes oncológicos, de cuyo primer reporte se obtuvo un registro de 139.789 casos en el país. El cáncer de mama fue el que mayor número de registros representó con 33.095.
Con respecto al VIH-Sida, la Ley 0972 de 2005 acoge normas que ayuden a mejorar la atención por parte del Estado colombiano a la población. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida), según la OMS, se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. Asimismo, mediante las Resoluciones 4725 de 2011 y 0783 de 2013, la CAC realiza el registro de información de esta patología desde 2008. Para el corte del 31 de enero de 2019, se reportaron 109 mil 056 personas viviendo con VIH (PVV), de las cuales 10 mil 930 fueron casos nuevos.
En relación con la población migrante, el Plan de Respuesta del Sector Salud al Fenómeno Migratorio realizó una comparación de notificación de eventos de interés en salud pública en Colombia, entre 2017-2018. En esta se encontró que hubo un aumento del 11 por ciento en los diagnósticos de cáncer de mama y cuello uterino, debido a que en 2017 se registraron 3 casos y en 2018, un total de 14 casos. De VIH-Sida hubo un aumento de un 62 por ciento, debido a que en 2017 se registraron 20 casos y en 2018, un total de 82.
Si bien la regularización de esta población a través del Permiso Especial de Permanencia (PEP) es garantía para lograr la atención de urgencias y de enfermedades como las mencionadas, la protección especial que reconoce la Corte se extiende a los migrantes por encontrarse inmersos en una crisis humanitaria que los obliga a salir de Venezuela. Esto significa que, la atención no puede limitarse solo a las urgencias y menos a las personas con un estatus migratorio regular.
Pero, la situación no es sencilla sin un estatus migratorio claro. Además, no se puede desconocer que la mayoría de esta población no está regularizada, es decir, 956 mil 623 venezolanos, el 56 por ciento de los que se encuentran en Colombia que, a corte del 31 de agosto de este año, suman 1.722.919, y que además va en aumento, según Migración Colombia.
Como lo explicó el 3 de noviembre Juan Francisco Espinoza, director de la entidad, se estima que cerca de 300 migrantes entran diariamente al país, 50 por Arauca y la Guajira, y 200 por el departamento de Norte de Santander, lo que convierte a Norte de Santander en el principal paso de los migrantes.
Jorge Enrique Fossi, coordinador del Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU) del Hospital Erasmo Meoz en Cúcuta, Norte de Santander, explica que sí es venezolano con PEP y no se está afiliado al sistema de salud, esta persona entra al proceso de afiliarse lo más pronto posible, en “un proceso que demora poco tiempo”.
A pesar de que Colombia cuenta con normas para responder a las necesidades en salud de esta población extranjera, la relación entre migración y salud es compleja, especialmente porque el que migra, así tenga su situación regularizada, desconoce “cómo navegar a través de un complejo sistema de salud colombiano”, como lo registra Profamilia en su informe “Desigualdades en salud de la población migrante y refugiada venezolana en Colombia (2020)”.
Y esto fue lo que le ocurrió a Erís Mar Nataly Delgado Álvarez migró de Venezuela a Colombia con unas “bolitas” que le causaban dolor en sus senos, como lo relató su hermano Julio Delgado Álvarez, hoy radicado en Pamplona con diez miembros de su familia entre hijos, hermanas, cuñados y sobrinos. Después de buscar atención para el cáncer de mama en Cúcuta y Bogotá, y no hallar respuesta, migró a Arica, en Chile, donde finalmente falleció.
La travesía a pie, en bus y pidiendo ‘cola’ agravaron la enfermedad, como recuerda Julio, hoy obrero de construcción. El cáncer hizo metástasis y en las últimas semanas previas al 28 de septiembre, día en el que falleció, los médicos le diagnosticaron meningitis. Perdió la visión y el habla, y tras su partida su esposo Yohende Cardoso y sus dos hijos de dos y cuatro años quedaron en ese país. “Siguen aferrados al recuerdo de mi hermana. Queremos que vuelvan, pero él está deprimido”, explica Julio.
Como lo evidencia Profamilia, el migrante se enfrenta a empleadores que no los afilian al sistema de salud; no es claro lo que este entiende como urgencia, lo que le crea barreras; desconocen la oferta de servicios de salud y dónde, cuáles y cómo acceder efectivamente; y además, llegan al país con diagnósticos que no evidencian el estado real de las enfermedades, pues han dejado de tratarlas por meses en su país.
Julio trae al presente que su hermana no conocía qué tan avanzado estaba su cáncer. Ella solo decía que le dolía constantemente y que para el dolor, tomaba acetaminofén. Al llegar a Cúcuta, “no la quisieron ver porque no tenía papeles, no tenía nada. Viajó a Bogotá y allá supo que estaba mal”.
En términos generales, el acceso efectivo a los servicios de salud de esta población está determinado por “los obstáculos para regularizar su situación migratoria, la ausencia de información de calidad en cada municipio con respecto a cómo afiliarse, las barreras administrativas establecidas dentro del sector salud y la ausencia de un trato que reconozca la situación humanitaria de la migración”, asegura el documento de Profamilia.
Lo que tal vez mortifica a este hombre de 41 años, además de la muerte de su hermana, el hecho de no haberse despedido de ella como él quería. “Nosotros nos llamábamos y planeábamos vernos en San Antonio. Todo se cuadraba, pero nunca lo logramos. Después de 15 años de no verla, murió y no nos despedimos. Y eso es fuerte”, narra Julio con tristeza, sentado sobre algunos ladrillos que compró el propietario de la vivienda que actualmente construye.
Más allá de las emergencias, la atención especializada
Al no contar con documentos como el PEP, los migrantes son atendidos en el sistema de salud pero solo en ocasiones específicas. Así se plasma en la Resolución 5596 del 24 de diciembre de 2015. Es entonces cuando el migrante entra a lo que se conoce como Triage, un sistema en el que todos son atendidos, lo único que varía es la urgencia y los tiempos de espera.
Dicho sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencias, se basa en “las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para atenderlo”, según el Ministerio de Salud, y su finalidad es “disminuir el riesgo de muerte, complicaciones o discapacidades de los pacientes que acuden a los servicios de urgencias”. En este escenario las enfermedades de alto costo se ubican en un punto gris en la atención, hecho que se le suma el nivel hospitalario que tenga el hospital.
Los problemas de atención no solo lo viven las personas en condición irregular, también en la población que cuenta con el PEP. Como lo explicó Proyecto Migración Venezuela a medidiados de este año se conoció que “687 mil 332 venezolanos que cuentan con el Permiso, solo 217.751 están afiliados a una EPS: 115 mil 326 en el régimen contributivo y 102 mil 425 en el régimen subsidiado”. Siendo esto una cifra muy baja, comparada con el número de migrantes que están en el PEP.
Aunque el Ministerio de Salud expidió el Decreto 064 de 2020 del 20 enero de 2020, el cual facilita a los migrantes con estatus regular afiliarse a un sistema de salud, los esfuerzos parecen no ser suficientes para la población venezolana en Colombia. Esto sucede a pesar que se pasó de 2018 a tener 28 mil 069 afiliados a alguna EPS, a 217 mil 751 en 2020.
Las tuteles, otro mecanismo para la atención en Norte de Santander
Este año se han realizado 89 mil 002 atenciones en Norte de Santander, con un promedio de 16 mil al mes, lideradas por un grupo de 30 organizaciones locales e internacionales. Estos son los datos que entrega el reporte situacional local del Grupo Interagencial sobre Grupos Migratorios Mixtos (Gifmm).
En caso de que una institución no pueda dar la atención especializada a los pacientes, este es remitido al Instituto Departamental de Salud (IDS), de acuerdo a lo que explicó Marcela del Pilar Gallo Veloza, defensora del usuario del Hospital Erasmo Meoz. Durante este proceso, el migrante irregular tiene dos opciones: la regularización o el uso de una tutela.
En caso de regularizarse, Migración Colombia y entidades como Acnur ayudan en el trámite para la obtención del PEP o un salvoconducto, mientras la persona define su situación regular. Mientras eso sucede, afirma la defensora, el migrante empieza a recibir su atención en la enfermedad de alto costo.
En cuanto a las tutelas, Ernesto Sánchez, profesional especializado del área de prestación de servicios del Instituto Departamental de Salud, explicó que es común que los migrantes las interpongan para poder tener los servicios y tratamientos en enfermedades de alto costo. En la capital norte Santandereana, la Clínica Medical Duarte es el principal centro de atención a migrantes en enfermedades como VIH-Sida y cáncer. “La mayoría de estas tutelas son hechas por familiares con el fin de agilizar la atención, aunque es importante que se busque la regularización”, agregó Gallo Veloza. De 2017 a 2020, el IDS atendió a 238 migrantes en tratamientos de VIH/SIDA. En el mismo periodo de tiempo, 819 migrantes fueron atendidos para curarse del cáncer.
Si bien las disposiciones del gobierno abren la puerta a la atención a los migrantes, estos se ven obligados a continuar su camino a otras partes del país, como Bucaramanga, en Santander. Pero antes pasan por Pamplona, una ciudad que se ha convertido el punto clave de tránsito para los que van para otras partes del país y que es testigo de la nueva ola de migrantes vaticinada por Migración Colombia el 9 de octubre de este año, a propósito de la reactivación económica.
Isaac Elías Molina Villamizar, que trabaja en el albergue de paso de Douglas Cabezas, es un migrante a la espera de tomar otro rumbo. Antes de la pandemia por la Covid-19, estuvo en Bogotá y Medellín, pero al querer regresar a esta última ciudad no lo logró por el aislamiento preventivo. Comenta que sacó el PEP, que buscará trabajo y que cuando reúna el dinero necesario, viajará a cualquiera de estas dos ciudades.
“Hablo con mi madre, siempre. Le escribo a ella y a una hermana. Tengo dos hermanos en Chile. Ellos son los que soportan la carga de mi mamá. Nadie pensó que en Venezuela iba a pasar esto, nadie. Nosotros decíamos, no, no vamos a llegar a ese estado, no vamos a llegar a ese nivel y mira dónde estamos. Tanta gente mayor, como nosotros, que pensábamos que estábamos cómodos en Venezuela y es totalmente falso. Hay que salir para tratar, por lo menos, de mitigar el hambre, algo de buena salud, tomarse una gaseosa como dicen ustedes aquí”, concluye este hombre.
De acuerdo con Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, “de cada 10 personas que salen, 8 van a volver, y esos 8 van a venir con una o dos personas”. Pero, ¿de dónde salen y a dónde regresarán al entrar de nuevo al país? Esto no lo precisa la entidad.
La alcaldía de Pamplona explica que cerca de 600 migrantes llegan todos los días a la ciudad. Si bien los flujos no son siempre los mismos, hay una constante para la Secretaría de Fronteras de Norte de Santander: el aumento de la llegada de familias u hogares. A mediados de octubre, una caracterización realizada en por esta Secretaría reveló que, de 180 encuestados, la mayoría eran 72 hogares, siendo ahora las familias las que han tomado el lugar de los individuos. Según este informe, el 69 por ciento migran por no tener servicios médicos.
| En Colombia, la Constitución Política y la Corte Constitucional reconocen a los pacientes que sufren enfermedades de alto costo como “sujetos de especial protección”, y más se padecen cáncer y el VIH, las cuales cataloga como “catastróficas y ruinosas”, porque además de deteriorar la salud los expone a la discriminación. |
Bucaramanga: esperanza para una atención
La capital de Santander, ubicada a casi seis horas de la frontera en Cúcuta, cuenta con servicios de al menos 18 instituciones (entre locales e internacionales) que prestan atención a los migrantes que llegan en tránsito, con vocación de permanencia o que habitan de forma pendular, estén o no en condición regular, específicamente en materia de salud.
El departamento cuenta con la Mesa Departamental de Salud de Cooperantes Nacionales e Internacionales para la Atención Integral a la Población Migrante, bajo la resolución 7866 de septiembre de 2020, que tiene como prioridad ayudar a migrantes venezolanos retornados. Según Cecilia Esther Payares Medina, esto ha permitido la conformación de una Red Hospitalaria que desde la parte pública (hospitales y centros de emergencia) que atiende maternas, niños, adultos y adolescentes. Después se pasa a un recobro especial, a través del Fosyga”, asegura la funcionaria.
En esta región, la realidad de los pacientes con enfermedades de alto costo también tiene sus matices, especialmente porque llegan con diagnósticos desactualizados de sus enfermedades y su estado de salud es peor de lo que imaginan.
“Si tienen para comer, no tienen para ir al médico. Antes de buscar un médico o medicinas, ellos buscan trabajo para sobrevivir, y es en esto que se les pasan los días, las enfermedades avanzan, y hay poco por hacer”, asegura Alba Pereira, directora de la Fundación Entre Dos Tierras, en Bucaramanga.
A lo anterior se suma que, no conocen cómo opera la red pública de salud de las ciudades a las que llegan, “se enteran por el voz a voz, no porque sepan con claridad a dónde acudir. No solo están enfermos, sienten miedo porque creen que los van a deportar porque se encuentran en condición irregular”, explica Diego Ruiz, de la organización ConPAZes.
Esto le ocurrió a Mayerson Abreo Portillo, una mujer trans que llegó desde Maracaibo a Bucaramanga en busca de tratamientos con antirretrovirales y que después de casi dos años murió en el Hospital Universitario de Santander (HUS). Como cuenta Yakeline Gil Suárez, que la acompañó hasta el día de su muerte, fue a raíz de una recaída que supo que su amiga tenía VIH. “‘Mayer’ no me contó por miedo a que la rechazara y le daba miedo ir al hospital porque se le había vencido el PEP, pero la acepté así. Hasta su último día me llamó su mamá. Ella fue mi compañía”, recuerda la estilista.
Pereira explica que la mala atención a la población migrante radica en que los funcionarios no se capacitan y en el subregistro a la hora de conocer cuánta población está en la ciudad con vocación de permanencia o en tránsito. “No es posible que estemos revictimizando a todos. Muchos padecen el ‘paseo millonario’ por las instituciones, los mandan de un lado a otro y en ninguna parte los atienden”, según manifiesta.
Payeres reconoce que hace falta la articulación institucional, pero las acciones sí existen. La mayoría de atención que se presta es gratuita, tiene como fin la promoción y prevención de la atención primaria, debido a que si llegan a presentar enfermedades como el cáncer o VIH-Sida (denominadas de alto costo), el migrante pueda recibir la atención. Sin embargo, la norma exige que, para recibir la atención el migrante cumpla, por lo menos, con su salvoconducto.
La Mesa Departamental cuenta además con un mapa georeferencial que muestra la oferta desde Norte de Santander y la frontera. En él, el migrante encuentra zonas con albergues, si estos están o no habilitados, si cuentan con medicina general, psicología, trabajo social, odontología, y demás servicios que se presta la cooperación nacional e internacional. Esta oferta no se repite, es decir, si en tránsito el migrante ya acudió a un servicio no debe volver a ingresar a una prestadora de salud, descongestionando el servicio y permitiendo la atención de otro.
“A largo plazo, tenemos pensado hacer un proyecto como el que tiene Norte de Santander en Tienditas -carpas dotadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)-, en la vía San Gil – Socorro, de tal manera que el tránsito hacia Bucaramanga se descongestione”, manifiesta Payares Medina. Asimismo, recalca que también se busca culturizar al migrante, haciéndole entender que al entrar a un país debe seguir la normatividad que se rige en este.
“En compañía del Ministerio de Salud y Protección de Colombia, al ver el número de casos de violencia de género e intrafamiliar, hicimos una solicitud para habilitar unos albergues a las mujeres víctimas con sus hijos y conseguimos activar cuatro. Estas, deben presentar la denuncia a través de la Comisaría de Familia como una forma de minimizar los riesgos ”, comenta Payares Medina.
La funcionaria añade que, las patologías de base en cuanto a esta enfermedad, se encuentran entre los 16 y 25 años. Normalmente son migrantes que buscan ayuda, pero cuando ya se encuentran en el punto más crítico y vulnerable de la enfermedad, por lo que desde la parte médica no encuentran la forma de hacerlos evolucionar. Y al suceder esto, la mayoría conoce el sistema en cuanto al manejo de tutelas y se busca sostener por ese ámbito, inquebrantando la forma correcta en que se debe llevar el proceso migratorio de manera efectiva
Antes de retomar el rumbo
En el refugio de Douglas a orilla de la carretera, Claudio García y su familia, José Ramos, Marina Balsa y Gabriela Guzmán reciben un plato de sopa caliente mientras Isaac Elías Molina Villamizar habla sobre la situación de su país. Entra en confianza y cuenta lo que vivió durante la enfermedad de su papá. “Vendimos una casa y parte de otra para pagar las quimioterapias y radioterapias que debían practicarle a mi papá. Tenía cáncer de mama, algo poco común en los hombres. ¿Imaginen a la gente que no puede hacer esto?”.
Claudio también entra en la conversación. “Vale, pero eso pasa con todo. Hasta los alimentos que son subsidiados los están vendiendo”, y relata que familias enteras deben esperar hasta 15 días para recibir los alimentos por parte del Estado: “Cuando los alimentos llegan y vas a reclamarlos, todo está vendido. Lo mismo pasa con el gas. Casualmente me salió un trabajo para una residencia donde viven puros militares y había dos camiones de gas vendiendo las pimpinas a dos dólares. Y la comunidad llevaba un mes sin gas”.
Todos concluyen que el sistema de salud es un caos. “La gente se enferma de cosas que antes se curaban en menos de una semana y terminan con complicaciones que los llevan a enfermedades más complejas. Nadie dice ni hace nada. Te dan una pastilla y vete para tu casa”, cuenta Isaac.
En esto lo respalda la esposa de Claudio: “no hay medicamentos y tampoco dan la cura, dicen que nada tiene cura. A la gente le salen llagas y cuando están avanzadas, se mueren. No les buscan tratamientos ni nada”.
El sol de mediodía bajó su intensidad. El aire empezó a ser más frío. Sobre las tres de la tarde es mejor no tomar carretera y menos cuando se tiene que atravesar el páramo a pie. Al terminar la sopa caliente, este y otro grupo de migrantes empieza a buscar un lugar donde pasar la noche. Claudio aún no termina su plato y lanza una frase que entristece y frustra a los presentes, pues la mayoría añora regresar a Venezuela: “El gobierno, los militares, ellos son los que tienen gasolina, alimentos, todo. Debes tener un rango militar para mantenerte con tu familia, esos son los que se están quedando en Venezuela”.
Esta publicación se ha realizado en el marco del proyecto Puentes de Comunicación, impulsado por Efecto Cocuyo y DW Akademie, y cuenta con el apoyo financiero del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania.
