No hay cama pa' tanta gente - Red Colombiana de Periodismo Universitario

Por: Juan David Quiñones Cuero
Periódico Utópicos – Universidad Santiago de Cali

En el mes de marzo, el emprendedor y comerciante Anyelo Araujo se trasladó a
un edificio en el centro de Tumaco. Las condiciones laborales de Araujo eran
óptimas, pero lo que él no imaginó fue que solo días después, sus finanzas se
vendrían abajo.

Anyelo Araujo recuerda las épocas de prosperidad, cuando atendía a los
clientes en la sede del club.

“La cuarentena nos ha afectado porque no hay flujo de clientes; en mi caso, como atendedor de un Club de Bienestar, me empezó a afectar a finales de febrero y principios de marzo, uno trata de reinventarse y tener otras estrategias de entradas, pero nosotros necesitamos que el cliente llegue al club. No he recibido ninguna ayuda del gobierno, incluso estamos esperando que pase esta cuarentena a ver cómo se pronuncia el sector bancario, porque me imagino que todos vamos a necesitar recursos para reinventarnos”, mencionó.

Debido a la crisis que generó la pandemia del COVID-19, muchos arrendadores no están recibiendo la renta mensual; algunos inquilinos, como Araujo, trabajan del día a día sin obtener ingresos. Es una cadena de crisis económica que se empezó a mostrar no solo en el Pacífico sino en toda Colombia.

La abogada de familia Sandra Díaz explicó que “debido al problema del COVID–19, los arrendatarios se han visto afectados porque no tienen cómo pagar el arriendo, por eso las partes tienen que llegar a un acuerdo. De igual manera, también el arrendador se perjudica porque vive de la renta, si por alguna razón no se llega a un acuerdo, el gobierno le da opciones al inquilino para que pague en cuotas, puede pagar poco a poco. No se puede desalojar, porque para eso está el decreto que ampara a los arrendadores”.

Aunque los inquilinos no pueden ser desalojados, la abogada Sandra Díaz propone que se haga un acuerdo de pago con los arrendadores, para cuando pase la crisis

Pero ellos tienen que pagar además los servicios de energía, alumbrado público y agua, entre otros, lo que les queda imposible, porque no tienen el sustento económico de antes.

Zoraida Valencia es propietaria de un inmueble y está viviendo en carne propia la crisis, “yo vivo del arriendo, si el inquilino no paga tiene que irse, duele mucho, pero se tendrá que ir, porque yo no tengo más ingreso; de verdad necesitamos esa entrada mensual, ahora el gobierno sacó un decreto que dice que toca llegar a un acuerdo, pero después los inquilinos se agarran de ahí y pasa un mes, dos meses, tres meses y yo no puedo aceptar eso”.

Así le sucede también a la tumaqueña María Trinidad Cuero, “yo opino que las dos partes deben llegar a una conciliación, si el arrendatario es empleado público debe llegar a un acuerdo para ver si no paga la totalidad del arriendo, pero sí una parte; puesto que él sí recibe un sueldo, y si es empleado particular, también deben llegar un acuerdo por escrito donde el inquilino se compromete a que cuando pase esta pandemia, por lo menos le reconozca la mitad, la cuarta parte o la tercera parte del arriendo, porque él en este momento no va a pagar”, mencionó. Según cifras del gobierno, reveladas por el ministro de vivienda, Jonathan Malagón, en Colombia hay más de 5 millones de familias que viven en arriendo; el 90% son estrato 1, 2 y 3. De esta cantidad, el 52% de los arriendos son contratados de manera informal.

María de Jesús Cuero resume así la situación: “este es un caso muy preocupante, tanto para el arrendante como para el inquilino, porque todos necesitan, el arrendatario necesita la casa para vivir y el arrendador necesita del ingreso de la renta para poder subsistir; dicen que si el inquilino no paga, tiene derecho a vivir hasta que pueda pagar, está bien, él puede seguir viviendo en el hogar, pero tiene que seguir pagando, entonces debe existir un arreglo inmediato, no a largo plazo, sino a corto plazo”.